De cara al Día del Trabajador y la Trabajadora que se conmemora este 1° de mayo, el Consejo Metropolitano del Partido Justicialista emitió un comunicado en el que criticó las iniciativas del Gobierno nacional que amenazan “los derechos laborales y de agremiación como privilegios”, por lo que llamó a acompañar el plan de lucha de la centrales obreras, asistir este miércoles a la movilización de la CGT al monumento del Trabajo (al que adhirieron las dos CTA y los movimientos sociales) y apoyar masivamente el Paro General dispuesto para el próximo 9 de Mayo.
“A lo largo de nuestra historia el 1 de Mayo ha sido de fiesta o de lucha según que las políticas aplicadas en nuestro país hayan sido promotoras de los derechos laborales y de agremiación o destructoras de los mismos. Son días de celebración colectiva cuando a los trabajadores les va bien, ya que eso beneficia el conjunto de la comunidad. En la actualidad asistimos a una etapa donde el Gobierno Nacional caracteriza a la justicia social como a una estafa, y a los derechos laborales y de agremiación como privilegios“, señala el comunicado del Pj porteño emitido luego de la reunión de los titulares del PJ porteño con representantes sindicales.
“El Gobierno busca sumir a nuestra economía en una estanflación inédita que pretende estabilizar a partir de la destrucción de la capacidad de compra de nuestros trabajadores y jubilados y la licuación de los ahorros de las clases medias”.
Es por ello que las autoridades del PJ de la Ciudad de Buenos Aires, frente “a tanto atropello a los intereses populares” y “tras la aprobación de la Ley Bases, el Consejo de nuestro partido se reunió con dirigentes de la CGT y la CTA. Convocamos a la movilización del 1° de mayo y apoyamos el paro general del 9. Hoy y siempre, junto a los trabajadores y trabajadoras“.
El Consejo Metropolitano del PJ señala al DNU 70/23 y la tramitación legislativa de las distintas versiones de la Ley Bases como “las principales iniciativas que impulsó el Gobierno Nacional para avanzar en el desmantelamiento del estado, el desfinanciamiento de la educación en todos sus niveles y del sistema científico tecnológico nacional, la primarización de nuestra economía y la eliminación de la inversión pública“.
En esa línea, y en relación al mundo laboral, señala que “las normas mencionadas diluyen la vigencia del empleo formal, destruyen la estabilidad del empleo público, buscan debilitar a las organizaciones gremiales y penalizan la defensa de los derechos laborales, mientras desgrava a los sectores de mayor concentración económica y vuelve a gravar con el impuesto a las ganancias a los trabajadores y desprotege a los Monotributistas”.